Este martes, en la ciudad de Sucre, Chuquisaca se reinstaló la audiencia que da inicio al juicio oral contra los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por daño a bienes del Estado, acusados por los destrozos en la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2020.
Uno de los líderes de la RJC, Yassir Molina, indicó la pasada jornada que pidió tener un proceso abreviado admitiendo su participación en el hecho y, hoy, la esto le fue rechazado. Así, durante la instalación del juicio, se puso a consideración la solicitud de Molina y su abogado, Jhasmani Torrico; pero las partes querellantes, como la Procuraduría, el Ministerio Público y el ministerio de Gobierno rechazaron la posibilidad y el juez Tercero de Sentencia de la Capital, José Emilio Pinto, le negó ese beneficio al imputado. En ese sentido, deberá enfrentar un juicio oral.
Posteriormente, el ministerio de Gobierno informó, mediante un comunicado, que rechazaron que este caso se resuelva a través de un juicio abreviado porque se cuenta con 135 pruebas documentales, que demuestran la autoría de todas las personas imputadas.
“Recordamos nuevamente que fabricar armas (basukas), portarlas sin autorización y usarlas en el marco de los compromisos internacionales (Convención de Palermo) está totalmente prohibido”, se lee en el comunicado de esta cartera de estado.
Una vez rechazado el proceso abreviado, la mañana de este martes se instaló la audiencia de juicio oral, de forma presencial, procediéndose con los alegatos iniciales y las declaraciones de los acusados.
El juez Tercero de Sentencia de Sucre explicó que en el trascurso del juicio oral se podrá esclarecer los hechos y la responsabilidad de cada uno de los imputados.
Molina es procesado, junto a los hermanos Mario y Fabio Bascopé, y Milena Soto, por causar destrozos en el edificio de la Fiscalía General del Estado, cuando esta organización se movilizó en Sucre para pedir la renuncia de Juan Lanchipa. Por eso, los acusan de presuntamente constituirse en una organización criminal, fabricación ilícita de armas, destrucción y deterioro del patrimonio histórico.
Ayer, Milena Soto denunció que Molina estaría negociando su libertad, pues habría dado una lista donde culparía a autoridades como Manfred Reyes Villa, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y otras personas por los delitos de los que se acusa a la RJC.
