La Gobernación de Chuquisaca determinó aplicar un drástico recorte presupuestario en materia de seguridad ciudadana, lo que pone en peligro no solo el mantenimiento operativo de patrullas policiales y cámaras de vigilancia, sino también las actividades previstas en conmemoración del Bicentenario de Bolivia.
Según lo establecido por la Ley 264, cada gobernación debe destinar al menos el 10% de su presupuesto anual al ámbito de seguridad ciudadana. En el caso específico de Chuquisaca, esta cifra correspondería a 4.3 millones de bolivianos. Sin embargo, la gobernación ha asignado apenas 400 mil bolivianos para el presente año, cifra que resulta insuficiente incluso para cubrir gastos mínimos como el mantenimiento y reposición de cámaras de vigilancia dañadas o defectuosas.
Esta situación genera preocupación en la Policía Boliviana y en la población en general, quienes ven con alarma cómo se reduce la capacidad operativa para prevenir delitos y garantizar la seguridad pública. La reducción de recursos podría traducirse en un incremento de los niveles de inseguridad y una mayor vulnerabilidad frente al delito.
El recorte presupuestario también afectaría la realización de eventos planificados en el marco del Bicentenario, lo que representa una importante pérdida en términos culturales, históricos y sociales para la región.
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